Una política pública que ordena una década de decisiones
El nueve de julio de 2026 el Diario Oficial publicó el decreto que aprueba la Política Nacional de Actividad Física y Deporte para el período 2026-2037. El documento deroga la política 2016-2025, instala un nuevo marco conceptual y obliga a reordenar conversaciones centrales: qué entendemos por deporte, cómo se relacióna con el desarrollo humano, quién participa en su gestión, qué evidencia se necesita y cómo se sostiene una decisión más allá de un ciclo administrativo.
Para los niveles central, regional y local, el cambio relevante no está solo en el contenido del decreto. Está en la forma en que el texto vuelve exigible una mirada de sistema. Las instituciones públicas, las organizaciónes deportivas, las universidades, las comunidades y los actores privados tendrán que aprender a trabajar con más trazabilidad, más coordinación y más devolución pública de resultados.
Una política construida con veinticuatro mil voces
La actualización se extendió por más de un año y reunió a más de 24.000 personas en 114 diálogos presenciales y nueve consultas virtuales. Participaron pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, deportistas, especialistas y representantes del mundo local e intersectorial.
Ese origen participativo importa porque establece un precedente. La implementación de la política no podrá limitarse a bajar lineamientos desde el nivel central. Si el diseño se construyó escuchando, la ejecución también tendrá que abrir espacios de escucha, validación y aprendizaje con los territorios.
Diez principios para tomar mejores decisiones
El texto define diez principios: bienestar integral durante todo el curso de vida; cultura deportiva; inclusión y accesibilidad universal; descentralización y pertinencia territorial; colaboración intersectorial; innovación, ciencia y desarrollo; sustentabilidad; asociatividad; interculturalidad; y equidad de género.
Vistos desde la comunicación para el desarrollo, estos principios no son adornos conceptuales. Son criterios para diseñar programas, priorizar recursos, evaluar resultados y rendir cuentas. Una política que habla de inclusión, interculturalidad o pertinencia territorial debe demostrar cómo esos principios llegan a las decisiones cotidíanas: horarios, infraestructura, presupuesto, indicadores, participación y continuidad.
Dos subsistemas que deben conversar
El modelo reconoce dos subsistemas complementarios. El primero es el de actividad física y deporte comunitario, orientado a la población a lo largo del curso de vida. El segundo es el de deporte de alto rendimiento y paradeportivo, centrado en la carrera y postcarrera de deportistas y paradeportistas con proyección internacional.
La novedad es que la política reconoce tránsito entre ambos. La escuela, la universidad, los clubes, las federaciones, las competencias amateur y los espacios comunitarios pueden formar una ruta de participación, talento, salud y pertenencia. Para la gestión pública, esto implica dejar de mirar programas aislados y empezar a mirar trayectorias.
Cinco ejes para pasar del documento a la implementación
Ambos subsistemas comparten ejes transversales: capital humano, ciencia e innovación; asociatividad e intersectorialidad; recintos y espacios; y fomento y promoción. Además, cada subsistema tiene su propio primer eje: actividad física y deporte para toda la vida en el caso comunitario, y apoyo integral al deportista de alto rendimiento en el caso competitivo.
La lectura operativa es clara: el país necesitará capacidades técnicas, datos comparables, redes de colaboración, infraestructura accesible y estrategias de promoción sostenidas. Ningún actor puede resolver eso por separado. La política empuja a articular Estado, municipios, universidades, organizaciónes sociales, federaciones y privados bajo reglas de confianza, evidencia y responsabilidad pública.
El SIME como infraestructura de aprendizaje
La política crea el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación, pensado para articular indicadores, fuentes, métodologías y lecturas comparadas. Su valor dependerá de una pregunta simple: si la información que produce ayuda a decidir mejor.
Un sistema de monitoreo útil no se limita a acumular datos. Debe ayudar a reconocer brechas, ajustar programas, comparar territorios con justicia, escuchar experiencias y devolver información comprensible a quienes participan. Ahí la comunicación de desarrollo es clave: producir evidencia también significa hacerla circular de manera clara, oportuna y útil para la acción colectiva.
Lo que hay que leer con cuidado
Una política de doce años no se implementa sola. La aprobación del texto no garantiza financiamiento, capacidad técnica ni continuidad política. Tres asuntos quedan abiertos: la traducción de principios a metas, indicadores y presupuestos; la articulación efectiva entre nivel nacional, regiones y comunas; y la participación real de grupos históricamente excluidos en el diseño y evaluación de programas.
La brecha entre texto y realidad es el espacio donde se jugará el valor público de la política. Chile sigue enfrentando niveles altos de inactividad física, desigualdad territorial y barreras de acceso. Por eso el desafío no es celebrar el decreto, sino convertirlo en una práctica institucional capaz de aprender, corregir y sostenerse.
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En SportsCoLab trabajamos como laboratorio de innovación deportiva: conectamos actores, ordenamos evidencia, diseñamos metodologías y construimos rutas de acción para que políticas, programas y alianzas puedan implementarse con criterio público.
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